Cada vez que el kirchnerismo habla de entablar una relación directa con los intendentes, el alperovichismo tiembla. Aunque el goteo directo de recursos a los municipios dispuesto por Cristina Fernández apunte a socavar los esbozos de libertinaje del bonaerense Daniel Scioli, el primer paso que dio el poder central puede resultar dañino para las aspiraciones de los caciques provinciales del oficialismo. 

A lo largo de una década, el gobernador José Alperovich se encargó de aceitar una maquinaria que obliga a los intendentes y delegados comunales a hacer fila en los pasillos del primer piso del palacio de 25 de Mayo y San Martín. Así alquiló a buena parte de la estructura política que le garantizó las montañas de votos en todas las elecciones que le tocó sortear. 

Aún como émulo mirandista, pergeñó el Pacto Social, mediante el que los intendentes regalaron su coparticipación al Gobierno a cambio del pago de sueldos. En paralelo, ninguna designación de empleados en el interior se hace desde hace más de 10 años sin que tenga primero la aprobación de la Casa de Gobierno. Pero tentado por el poder obtenido, el alperovichismo se diversificó: de la "paz social" pasó a los fondos fiduciarios municipales para obras públicas, que administra la Caja Popular de Ahorros y cuyos montos se desconocen. A decir verdad, lo que no se sabe es cómo se distribuyen, cómo se ejecutan y cuándo se rinde cuentas. A tal grado llega el ninguneo que los jefes municipales -para qué hablar de los comunales- ni siquiera definen cómo encarar las obras para sus vecinos: todos los proyectos son aprobados y visados por el Ministerio del Interior.

El colmo de los intendentes tucumanos es que en una Provincia con deuda refinanciada a 20 años y sin el martillo que significa la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), a ellos sí le cobran en cada cuota mensual que debita el PE. De ahí que desde 2010 los jefes municipales renieguen por lo bajo del trato desigual y manden a sus aliados a pedir la reformulación de sus pasivos al Gobierno. Ejemplo, el díscolo concejal Germán Alfaro. 

Si la relación con los intendentes es vertical, la del alperovichismo con los 93 delegados rurales es hasta servil. Los comisionados son elegidos mediante el voto popular, pero dependen y responden directamente al gobernador. En rigor, las comunas ni siquiera elaboran sus propios presupuestos anuales: es el Gobierno el que les dice cuánto y cómo gastarán. En 2007, incluso, la Legislatura aprobó una ley que permite que Rentas de la Provincia cobre los tributos en nombre de las comunas.

Si hay algo que al alperovichismo no le gusta es que le toquen su terruño. Y el cristinismo amenaza cada vez con mayor fuerza con "puentear" a los gobernadores. Porque una cosa es disponer que La Cámpora tenga lugares en las listas de candidatos y otra muy distinta es negociar mano a mano con los referentes locales. Al que más seduce esta tendencia de la Casa Rosada es al agazapado Domingo Amaya. Aunque se esconda detrás de su sonrisa, el jefe municipal sueña con suceder a Alperovich. Mantiene buen diálogo con el peronismo disidente, se cruza piropos con un sector del radicalismo ligado al senador José Cano y mima a cuanto cristinista se acerca a conversarle. Al intendente le arman y desarman fórmulas con opositores y con alperovichistas, pero le desconfían por igual en la oposición y en el alperovichismo. 

Alperovich se hace el distraído y sólo vaticina que, al final de su mandato, los intendentes podrán autofinanciarse. Eso, y decir que mientras él esté al frente del Gobierno nadie podrá rebelarse, es lo mismo. Salvo que la orden llegue de más arriba.